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Periódico Reforma
28 Mar. 13
Al presidente Peña Nieto le gusta cumplir con sus compromisos. Es uno de sus sellos distintivos y de sus virtudes como político. Por eso quiere cumplir con los tiempos del Pacto por México.
La reforma en telecomunicaciones va en el sentido correcto e incluye muchas de las medidas que desde hace años se requieren para tener mercados más competitivos. El Presidente y la Cámara de Diputados han mostrado capacidad para legislar contra actores percibidos por décadas como muy poderosos y que presionaron, sin éxito, para descarrilar la reforma en el último momento.
Sin embargo, por hacer la reforma de telecomunicaciones bajo el paraguas del Pacto, el cual implica sumar a tres partidos con visiones muy distintas del mundo, la reforma salió larga, barroca y original. Esto no es un cumplido. Cuando algo en materia de políticas públicas sólo lo hacemos en México, es muy probable que estemos equivocados.
Al haber elegido una extensa enmienda a la Constitución se optó por una ruta muy larga para lograr que la reforma tenga impacto en el consumidor. A final de cuentas, el éxito de esta reforma se medirá en términos de la disminución de los precios y la mejora en el acceso y la calidad de todos los servicios, sin que esto esté subsidiado por los causantes. Se requiere ahora una nueva ley reglamentaria, fundar los nuevos órganos reguladores, elegir a sus comisionados y emitir nuevos reglamentos. Esto tomará por lo menos 18 meses y en sus detalles se puede esconder el diablo y terminar con una reforma menos ambiciosa o muy difícil de operar. Mientras, en la incertidumbre, habrá menos inversión que es justo lo que se requiere para detonar un mejor servicio y menores precios.
Puede hacer sentido político y jurídico introducir en la Constitución algunos principios básicos en la materia. Sin embargo, se regula con tanto detalle que lo que se obtiene es una reforma del mismo tamaño que la Constitución de Estados Unidos. Ésta tiene poco más de 7 mil 600 palabras. La enmienda constitucional presentada tiene más de 7 mil 200, sin incluir la exposición de motivos, pero sí los transitorios.
Como se incluyeron en la Constitución todo tipo de detalles, si cualquiera de éstos resulta inoperante, será complicado modificarlo en el futuro. Nos podríamos quedar arrastrando nuestros errores por varias décadas, como lo hacemos en el sector petroquímico, donde alguna vez a alguien se le ocurrió reservar al Estado la inversión en la llamada petroquímica básica, destruyendo la posibilidad de tener una industria integrada y eficiente.
Entre lo aprobado en la minuta legislativa hay temas que no son comunes entre las mejores prácticas. No es frecuente definir a una empresa como dominante por su tamaño en el mercado, sino por sus prácticas. Tampoco darle al organismo que regula las telecomunicaciones la responsabilidad de determinar si se viola el principio de competencia. Para eso están las comisiones de competencia. A la nuestra, que también será reformada, ya no le tocará esa tarea. Nunca habíamos creado instituciones autónomas para regular a los privados, esto tiene sus retos de coordinación de políticas públicas. Si alguno de sus comisionados es "capturado" por alguno de los intereses regulados, ¿frente a quién responden dado que no pueden ser fácilmente removidos?
Otra política que casi todos los países actualmente adoptan es que el criterio para la asignación del espectro es dárselo a quien paga más. ¿Con qué otro criterio se puede hacer? ¿Acaso el más amigo, el que presente el mejor plan de negocios, por sorteo? Como se explicó en un artículo en la sección de Negocios de esta casa editorial, el pasado 21 de marzo, asignarlo a quien está dispuesto a pagar más nos revela quién le puede dar un mejor uso. El objetivo del gobierno no tiene que ser recaudatorio exclusivamente. Se pueden poner una serie de condiciones de interés general, como ampliar la cobertura o apoyar a los discapacitados, pero dentro de esas restricciones se le tiene que dar a quien más dinero ofrece.
Toda decisión de un Congreso es un acto político. Pero los valores e intereses de los legisladores deben estar apoyados por las mejores prácticas internacionales para que su impacto positivo en los consumidores sea el mayor posible. No tendremos otra oportunidad para reformar un sector tan importante como lo es el de telecomunicaciones. No la desaprovechemos. Afinemos la reforma, sin cambiar sus principios, con base en lo que funciona bien en otros países.
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