Ley de víctimas / Sergio Sarmiento

JAQUE MATE

Periódico Reforma
11 Ene. 13
(Los atenienses) se apresuran a promulgar decretos pero, una vez que los decretos han sido promulgados, ya no quieren que sean ejecutados.

Aristófanes


Ningún político quiere ser visto como opositor a los "derechos de las víctimas". Por eso la Ley General de Víctimas fue aprobada unánimemente en el Congreso. Y por eso el presidente Enrique Peña Nieto decidió retirar la controversia constitucional promovida por su predecesor contra esta legislación.

Pero hay dudas legítimas sobre la nueva ley. Algunas han sido expresadas por activistas a favor de los derechos de las víctimas, como Alejandro Martí e Isabel Miranda de Wallace. "Estamos a favor de la ley general de víctimas -dijo Alejandro Martí el 9 de enero-, pero no de esta Ley General de Víctimas".

Las críticas han generado malestar en algunos círculos. Lía Limón, la ex panista que es hoy subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, se mostró molesta en una entrevista para La Red de Radio Red ante las personas que han sido víctimas del crimen y que hoy se oponen a una ley que "reconoce los derechos de las víctimas". Sin embargo, el propio presidente de la República, Enrique Peña Nieto, dijo al presentar la reforma que ésta es "perfectible".

¿Cuáles son los problemas de la nueva legislación? El primero es muy sencillo. La Constitución no faculta al Congreso a legislar en esta materia una ley general que sería obligatoria no sólo para la Federación sino para los estados. Sin una reforma constitucional la nueva ley sería inconstitucional.

Los problemas de fondo son más serios. La legislación crea una serie de nuevas estructuras administrativas por lo que, en opinión de los críticos, servirá más para crear burocracias que para ayudar a las víctimas.

La ley no ofrece una definición clara de quiénes son las víctimas. Esto es importante ya que ordena a la sociedad otorgar reparaciones a las víctimas por los daños sufridos como consecuencia de hechos punibles. La compensación "se otorgará por todos los perjuicios, sufrimientos y pérdidas económicamente evaluables". Esto representa un cheque en blanco que podría alcanzar montos incalculables.

Javier Sicilia afirma que esto es la razón de ser del "Estado solidario". Si el Estado falla en su responsabilidad de proteger a los ciudadanos, debe compensar los daños que sufran las víctimas del crimen.

El Estado, sin embargo, es una entidad abstracta que simplemente representa al conjunto de la sociedad. El resultado de la generosa disposición de la nueva ley será que ciudadanos que no han cometido ningún crimen tengan que compensar a las víctimas de hechos punibles. Esto no sólo es injusto sino que quizá cree un incentivo para reclamaciones infundadas.

El propio Javier Sicilia ha señalado que la razón por la cual es necesaria esta Ley General de Víctimas es que las disposiciones vigentes no se han aplicado: "Es la consecuencia de la impunidad, de la corrupción, del desprecio, de la erosión del esqueleto moral y político del Estado mexicano y de una guerra que nunca debió suceder". Pero si el problema surge de la falta de aplicación de las leyes, ¿qué nos hace pensar que una nueva ley general será la solución?

Ya hay disposiciones vigentes que obligan a la autoridad a recabar denuncias, a investigar delitos, a atender a las víctimas, a encarcelar a los criminales y a devolver a las víctimas el dinero o los bienes de su propiedad que haya podido recuperar de los criminales. ¿Podemos suponer que todos estos derechos, que ya estaban en la ley, sí se respetarán ahora que se les ha colocado en una nueva ley sólo por el hecho de ser general? Yo, en verdad, lo dudo.



·PRECIOS

Los precios al consumidor en México se elevaron solamente 3.57 por ciento en 2012, moderados por bajas en telefonía celular y aviación comercial. Los precios de los alimentos, bebidas y tabaco, sin embargo, subieron 6.11 por ciento. A nivel internacional, según la FAO, los alimentos cayeron 7 por ciento.


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