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Periódico Reforma
12 Dic. 12
12 Dic. 12
Apoyar las reformas energética y
hacendaria, debería implicar la obligación del PAN, de exigir y operar que
necesariamente converjan con la reforma
política
Enrique Peña Nieto no ganó la Presidencia de
México porque los electores lo consideraran el candidato más cercano a la gente:
López Obrador lo superaba; tampoco se le percibía como el más honesto: Josefina
y AMLO lo aventajaban. (Encuesta diaria mayo-junio 2012. Giménez y
Becerra.)
Sin embargo, había un atributo en el que Peña Nieto sí resultaba mucho mejor calificado. Los votantes lo consideraban el candidato más eficaz: el más capaz para dar resultados.
Lo que significó su mayor fortaleza se ha convertido en su reto principal. Los mexicanos esperan resultados concretos en dos temas centrales: seguridad y economía.
En materia de seguridad, los ciudadanos quieren que disminuya la violencia. Peña Nieto ha hablado de continuar la lucha contra el crimen organizado, pero con una estrategia diferente: con "más inteligencia y menos fuerza". Suena impecable en el discurso, aunque no quedan muy claras las líneas de acción. Ante la complejidad del problema, los resultados son de pronóstico reservado.
En materia económica, los ciudadanos esperan resultados que se reflejen en su bolsillo. Una de las apuestas más prometedoras es la reforma energética, porque México tiene una de las reservas de gas natural contenido en rocas lutitas (gas shale) más importantes del mundo. No se están aprovechando debido a las restricciones impuestas a la inversión privada, al tiempo que PEMEX no cuenta con la tecnología, estructura y recursos necesarios.
La Secretaría de Energía ha calculado que abrir el sector energético a la inversión privada podría representar inversiones por el orden de los 13 mil millones de dólares anuales, un crecimiento de hasta un punto del PIB, la creación de miles de empleos y la posibilidad real de generar energía eléctrica más barata.
El problema para Peña Nieto es que una reforma energética a fondo implica cambios a la Constitución, y una buena parte de la izquierda definitivamente no lo acompañará. No habrá reforma energética sin un acuerdo con el PAN.
Buena parte del Pacto por México, persigue el objetivo que hemos descrito como el reto de Peña Nieto: dar resultados en materia económica y de seguridad. De un total de 95 compromisos firmados, 46 dependen para su ejecución de una reforma fiscal, que dote al Estado de nuevos ingresos. Carlos Elizondo ha dicho que aunque aún no es claro el alcance de las propuestas, "deben costar por lo menos 6 puntos del PIB".
Para darnos una idea de lo que eso representa, cobrar IVA a alimentos y medicamentos escasamente alcanzaría para cubrir una sexta parte del costo total del Pacto; en tanto eliminar el subsidio a los combustibles fósiles (subir el precio de la gasolina de 10 a 14 pesos), no alcanzaría para financiar más de una quinta parte, además de que los aumentos a la gasolina pueden ser políticamente desastrosos (conviene revisar el caso de Nigeria).
Aunque el costo neto podría ser menor, la necesidad de una reforma fiscal es evidente. El escenario se complica por partida doble: primero, porque la izquierda ha sido tajante en su rechazo hacia la generalización del IVA; segundo, porque lleva al PRI a atropellar su propio discurso de condena hacia "los gasolinazos de Calderón" y de rechazo al "IVA en alimentos y medicamentos".
La firma del Pacto por México parecería alejar al PAN de la idea de negarse a apoyar las reformas que hoy pretende el PRI, a pesar de que son las mismas que el propio PRI boicoteó durante los últimos 12 años.
Sin embargo, apoyar las reformas energética y hacendaria debería implicar la obligación del PAN, de exigir y operar que necesariamente converjan con la reforma política: segunda vuelta en la elección presidencial, reelección de legisladores y alcaldes, revisión del porcentaje mínimo para la conservación del registro de los partidos, definición de la materia electoral como concurrente, y rebase de topes de campaña como causa expresa de nulidad.
No es un dato menor el que Peña Nieto haya ganado porque los votantes lo consideraban el candidato más eficaz. Podrá alcanzar mucho de lo que se proponga, pero si no logra que disminuya la violencia y que los mexicanos perciban beneficios económicos concretos, la decepción será enorme. Al tiempo.
El autor es diputado del PAN.
Sin embargo, había un atributo en el que Peña Nieto sí resultaba mucho mejor calificado. Los votantes lo consideraban el candidato más eficaz: el más capaz para dar resultados.
Lo que significó su mayor fortaleza se ha convertido en su reto principal. Los mexicanos esperan resultados concretos en dos temas centrales: seguridad y economía.
En materia de seguridad, los ciudadanos quieren que disminuya la violencia. Peña Nieto ha hablado de continuar la lucha contra el crimen organizado, pero con una estrategia diferente: con "más inteligencia y menos fuerza". Suena impecable en el discurso, aunque no quedan muy claras las líneas de acción. Ante la complejidad del problema, los resultados son de pronóstico reservado.
En materia económica, los ciudadanos esperan resultados que se reflejen en su bolsillo. Una de las apuestas más prometedoras es la reforma energética, porque México tiene una de las reservas de gas natural contenido en rocas lutitas (gas shale) más importantes del mundo. No se están aprovechando debido a las restricciones impuestas a la inversión privada, al tiempo que PEMEX no cuenta con la tecnología, estructura y recursos necesarios.
La Secretaría de Energía ha calculado que abrir el sector energético a la inversión privada podría representar inversiones por el orden de los 13 mil millones de dólares anuales, un crecimiento de hasta un punto del PIB, la creación de miles de empleos y la posibilidad real de generar energía eléctrica más barata.
El problema para Peña Nieto es que una reforma energética a fondo implica cambios a la Constitución, y una buena parte de la izquierda definitivamente no lo acompañará. No habrá reforma energética sin un acuerdo con el PAN.
Buena parte del Pacto por México, persigue el objetivo que hemos descrito como el reto de Peña Nieto: dar resultados en materia económica y de seguridad. De un total de 95 compromisos firmados, 46 dependen para su ejecución de una reforma fiscal, que dote al Estado de nuevos ingresos. Carlos Elizondo ha dicho que aunque aún no es claro el alcance de las propuestas, "deben costar por lo menos 6 puntos del PIB".
Para darnos una idea de lo que eso representa, cobrar IVA a alimentos y medicamentos escasamente alcanzaría para cubrir una sexta parte del costo total del Pacto; en tanto eliminar el subsidio a los combustibles fósiles (subir el precio de la gasolina de 10 a 14 pesos), no alcanzaría para financiar más de una quinta parte, además de que los aumentos a la gasolina pueden ser políticamente desastrosos (conviene revisar el caso de Nigeria).
Aunque el costo neto podría ser menor, la necesidad de una reforma fiscal es evidente. El escenario se complica por partida doble: primero, porque la izquierda ha sido tajante en su rechazo hacia la generalización del IVA; segundo, porque lleva al PRI a atropellar su propio discurso de condena hacia "los gasolinazos de Calderón" y de rechazo al "IVA en alimentos y medicamentos".
La firma del Pacto por México parecería alejar al PAN de la idea de negarse a apoyar las reformas que hoy pretende el PRI, a pesar de que son las mismas que el propio PRI boicoteó durante los últimos 12 años.
Sin embargo, apoyar las reformas energética y hacendaria debería implicar la obligación del PAN, de exigir y operar que necesariamente converjan con la reforma política: segunda vuelta en la elección presidencial, reelección de legisladores y alcaldes, revisión del porcentaje mínimo para la conservación del registro de los partidos, definición de la materia electoral como concurrente, y rebase de topes de campaña como causa expresa de nulidad.
No es un dato menor el que Peña Nieto haya ganado porque los votantes lo consideraban el candidato más eficaz. Podrá alcanzar mucho de lo que se proponga, pero si no logra que disminuya la violencia y que los mexicanos perciban beneficios económicos concretos, la decepción será enorme. Al tiempo.
El autor es diputado del PAN.
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