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Periódico Reforma
9 Ago. 13
9 Ago. 13
El mes pasado ha sido el más violento en lo que va de la administración de Peña Nieto. En julio se registraron 1,214 homicidios vinculados con el crimen organizado, un aumento de 37% respecto a junio. A nivel nacional pasamos de 29 ejecuciones diarias en promedio durante junio a 39 en julio, un revés para la tendencia de disminución que se observa desde mediados de 2011. Este escalamiento no necesariamente implica un cambio en la tendencia (en noviembre de 2012 se observó un repunte ligeramente mayor), pero sí es una señal de alerta.
El disparo de la violencia registrado en julio fue particularmente severo en Durango (donde las ejecuciones aumentaron 182%), Michoacán (177%), Guanajuato (138%), Sonora (113%), Guerrero (88%), Coahuila (68%) y el Estado de México (52%); en Chihuahua -el estado con más ejecuciones- la violencia lleva tres meses en ascenso. Llama la atención que no se observó un repunte en las zonas metropolitanas que tradicionalmente han sido más violentas. En julio las ejecuciones incluso disminuyeron en Juárez, la Ciudad de Chihuahua y Morelia (Acapulco es una excepción importante, pues las ejecuciones pasaron de 35 en junio a 72 en julio). Por el contrario, la violencia se ha recrudecido en zonas rurales, donde la presencia del Estado es más débil y la población más vulnerable, lo que contribuye a explicar el auge de los grupos de autodefensa.
El aumento de la violencia observado en julio tuvo dos grandes resortes. En el norte reflejó la expansión del Cártel de Sinaloa, que aprovechó la vulnerabilidad de Los Zetas (organización que ya estaba en franco declive incluso antes de la captura del "Z-40" el 15 de julio) para incursionar en Nuevo León y Coahuila. Algo similar sucedió en Durango, donde Los Cabrera (célula del Cártel de Sinaloa) desplazaron de Lerdo y Gómez Palacio a Los Dannys, cuyo líder fue capturado el 19 de abril. Finalmente, el Cártel de Sinaloa disputa a La Mochomera (célula del Cártel Pacífico Sur) rutas de tráfico en Sonora, y zonas de cultivos ilícitos en el Triángulo Dorado (la región montañosa en los límites de Chihuahua, Durango y Sinaloa).
El segundo resorte de la violencia fue la crisis de gobernabilidad en Michoacán, que ha sido aprovechada por los Caballeros Templarios para contraatacar a las fuerzas federales y estatales (y el consecuente reforzamiento del operativo conjunto, que ha aumentado la probabilidad de que se susciten enfrentamientos). La proliferación de grupos de autodefensa también ha enfrentado a los grupos de ciudadanos que toman las armas, tanto con las fuerzas del orden, como con los criminales. La crisis en Michoacán ha propiciado que células de Los Caballeros Templarios incursionen en Guanajuato, Guerrero, Morelos y el Estado de México. El caso de Guerrero, donde se registraron 142 ejecuciones en julio, es particularmente delicado. Además de la expansión de Los Caballeros Templarios, en Guerrero han surgido nuevos grupos de autodefensa, y continúan librándose cruentas batallas entre células que pertenecieron a la Organización de los Beltrán Leyva.
Ante estos escenarios de violencia las agencias federales de seguridad y los gobernadores tienen una responsabilidad central. Estos últimos deben vigilar que los recursos etiquetados para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública y la prevención social del delito se ejerzan de forma oportuna (y se destinen a acciones que sí tengan un impacto). Además, los gobiernos estatales -más cercanos que las agencias federales a los conflictos locales- pueden también impulsar estrategias policiales innovadoras basadas en la disuasión (y lograr que las propias organizaciones criminales minimicen el uso de la violencia). Por último, en tanto no se establezca la Gendarmería Nacional, los gobernadores podrían ensayar acciones para llenar el vacío institucional y atemperar la conflictividad que se observa en las zonas rurales (que actualmente quedan a merced del crimen organizado y los grupos de autodefensa).
En conclusión, lo peor que pueden hacer ahora las autoridades es encogerse de hombros y hacer como que no pasa nada. Las intervenciones tienen mejores probabilidades de éxito justamente cuando el escalamiento de la violencia es incipiente. Si las autoridades se distraen ahora, se corre el riesgo de que las crisis regionales continúen escalando, y se revierta en el mediano plazo la tendencia de disminución de la violencia. Las cifras de julio son una advertencia: es urgente armar una estrategia y tomar acciones contundentes.
editorial@reforma.com
Lantia Consultores, S.C. Twitter: @laloguerrero
El disparo de la violencia registrado en julio fue particularmente severo en Durango (donde las ejecuciones aumentaron 182%), Michoacán (177%), Guanajuato (138%), Sonora (113%), Guerrero (88%), Coahuila (68%) y el Estado de México (52%); en Chihuahua -el estado con más ejecuciones- la violencia lleva tres meses en ascenso. Llama la atención que no se observó un repunte en las zonas metropolitanas que tradicionalmente han sido más violentas. En julio las ejecuciones incluso disminuyeron en Juárez, la Ciudad de Chihuahua y Morelia (Acapulco es una excepción importante, pues las ejecuciones pasaron de 35 en junio a 72 en julio). Por el contrario, la violencia se ha recrudecido en zonas rurales, donde la presencia del Estado es más débil y la población más vulnerable, lo que contribuye a explicar el auge de los grupos de autodefensa.
El aumento de la violencia observado en julio tuvo dos grandes resortes. En el norte reflejó la expansión del Cártel de Sinaloa, que aprovechó la vulnerabilidad de Los Zetas (organización que ya estaba en franco declive incluso antes de la captura del "Z-40" el 15 de julio) para incursionar en Nuevo León y Coahuila. Algo similar sucedió en Durango, donde Los Cabrera (célula del Cártel de Sinaloa) desplazaron de Lerdo y Gómez Palacio a Los Dannys, cuyo líder fue capturado el 19 de abril. Finalmente, el Cártel de Sinaloa disputa a La Mochomera (célula del Cártel Pacífico Sur) rutas de tráfico en Sonora, y zonas de cultivos ilícitos en el Triángulo Dorado (la región montañosa en los límites de Chihuahua, Durango y Sinaloa).
El segundo resorte de la violencia fue la crisis de gobernabilidad en Michoacán, que ha sido aprovechada por los Caballeros Templarios para contraatacar a las fuerzas federales y estatales (y el consecuente reforzamiento del operativo conjunto, que ha aumentado la probabilidad de que se susciten enfrentamientos). La proliferación de grupos de autodefensa también ha enfrentado a los grupos de ciudadanos que toman las armas, tanto con las fuerzas del orden, como con los criminales. La crisis en Michoacán ha propiciado que células de Los Caballeros Templarios incursionen en Guanajuato, Guerrero, Morelos y el Estado de México. El caso de Guerrero, donde se registraron 142 ejecuciones en julio, es particularmente delicado. Además de la expansión de Los Caballeros Templarios, en Guerrero han surgido nuevos grupos de autodefensa, y continúan librándose cruentas batallas entre células que pertenecieron a la Organización de los Beltrán Leyva.
Ante estos escenarios de violencia las agencias federales de seguridad y los gobernadores tienen una responsabilidad central. Estos últimos deben vigilar que los recursos etiquetados para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública y la prevención social del delito se ejerzan de forma oportuna (y se destinen a acciones que sí tengan un impacto). Además, los gobiernos estatales -más cercanos que las agencias federales a los conflictos locales- pueden también impulsar estrategias policiales innovadoras basadas en la disuasión (y lograr que las propias organizaciones criminales minimicen el uso de la violencia). Por último, en tanto no se establezca la Gendarmería Nacional, los gobernadores podrían ensayar acciones para llenar el vacío institucional y atemperar la conflictividad que se observa en las zonas rurales (que actualmente quedan a merced del crimen organizado y los grupos de autodefensa).
En conclusión, lo peor que pueden hacer ahora las autoridades es encogerse de hombros y hacer como que no pasa nada. Las intervenciones tienen mejores probabilidades de éxito justamente cuando el escalamiento de la violencia es incipiente. Si las autoridades se distraen ahora, se corre el riesgo de que las crisis regionales continúen escalando, y se revierta en el mediano plazo la tendencia de disminución de la violencia. Las cifras de julio son una advertencia: es urgente armar una estrategia y tomar acciones contundentes.
editorial@reforma.com
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